The Japan Times - Sindicatos denuncian obstáculos para pactar servicios mínimos de la huelga del 11N

Primero la convocatoria de la huelga general del próximo 11 de noviembre tuvo que enfrentarse a que la patronal la califica de ilegal y ahora encuentra recelos en las negociaciones de los servicios mínimos con algunas Administraciones. Es el caso de Madrid, donde desde CNT anuncian que dan por rota la interlocución con la Comunidad de Madrid después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no facilitara la documentación necesaria para estudiar su propuesta. Sobre esta maniobra también se han manifestado CCOO y UGT, que forman parte de la misma mesa negociadora. Las dos grandes centrales sindicales denuncian que la falta de transparencia trata de imponer unos servicios mínimos desproporcionados. “Podrían vulnerar el ejercicio efectivo del derecho fundamental de huelga”, han explicado con la poca información que les han facilitado.

de acuerdo con relata CNT, en la reunión del pasado 23 de octubre la Administración mostró a las organizaciones sindicales una propuesta de servicios mínimos mediante una presentación compartida en pantalla, sin entregar una copia que permitiera analizar su contenido y preparar alternativas. El sindicato anarcosindicalista denuncia que la documentación se mostró con interrupciones y dificultades para leer los apartados y que, después de dos horas y media de encuentro, la Administración se comprometió a enviar el documento y convocar una segunda reunión tres horas después. no obstante, el documento nunca llegó. “Argumentaron que no tenían obligación de enviarnos ni de negociar los servicios mínimos”, denuncia CNT. Apoyando esta falta de negociación y buena fe, están también CCOO y UGT Madrid. Ambos sindicatos se reservan la posibilidad de emprender acciones legales contra los servicios mínimos que finalmente se establezcan.

La denuncia de CNT no es la única, ya que desde CGT han puesto en alerta sobre los servicios mínimos que se pueden llegar a imponer en Correos. La organización sindical explica que el Centro Directivo remitió una propuesta que incluía porcentajes que consideran “abiertamente abusivos” y con “innumerables deficiencias legales”. de acuerdo con CGT estos consistirían en un 50% de la plantilla en las unidades de distribución, un 25% en varios centros de tratamiento y hasta un 100% en los servicios rurales con atención al público. “Establecer estos servicios mínimos supondría, en la práctica, restringir e incluso impedir el derecho de huelga de miles de personas trabajadoras”, advierten.

También señalan que “las empresas no ostentan la competencia de estipular servicios mínimos, facultad que pertenece a la autoridad gubernativa, de acuerdo con recoge el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977” y recuerdan los precedentes legales denunciados por servicios mínimos abusivos. “La doctrina constitucional exige una motivación concreta, una ponderación real de los derechos afectados y la menor restricción posible del derecho de huelga. ¿Dónde está el estudio que justifica ese porcentaje? ¿Cuántos envíos electorales se prevé que estén pendientes de entrega el 11 de noviembre? ¿Por qué no podrían realizarse esas operaciones durante las jornadas anteriores o posteriores?”, plantea CGT en un servicios público cuestionado por la derecha de cara a las elecciones del 29N.

La falta de una interlocución correcta también preocupa a las organizaciones sindicales en otros ámbitos de la Administración. En el Ministerio para la Transición Ecológica, CCOO y UGT se reunieron con Recursos Humanos el 29 de octubre para reclamar la negociación de los servicios mínimos que afectarán a los servicios centrales y periféricos de Costas, los organismos autónomos y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). de acuerdo con trasladaron las secciones sindicales, la Subsecretaría se comprometió a remitir una propuesta que las organizaciones esperan que no resulte abusiva.

En el transporte, CCOO y UGT registraron el 22 de octubre una petición de reunión con el ex ministro Óscar Puente para negociar los servicios mínimos de la jornada. Las centrales presentaron una propuesta propia tomando como referencia las huelgas generales de 2010 y 2012. El planteamiento sindical defiende que se garantice la movilidad necesaria, pero sin mantener la actividad ordinaria ni el mismo nivel de funcionamiento que en una jornada sin huelga. Ricardo Casas, secretario general de FeSMC-UGT, explicaba que “los servicios mínimos tienen que garantizar lo esencial, no garantizar la normalidad”, también en Transportes.

La discusión sobre los servicios mínimos tiene una consecuencia directa sobre la capacidad de las plantillas para secundar una huelga. En determinados sectores, las organizaciones sindicales denuncian que las coberturas establecidas por las administraciones pueden llegar a superar el personal que trabaja habitualmente, especialmente cuando las empresas no sustituyen las bajas, los permisos o las ausencias.

La paradoja ya se ha producido muchas veces. En marzo de 2024, durante una jornada de paros parciales del Samur Social en Madrid convocada por CNT y Co.Bas, el Ayuntamiento impuso unos servicios mínimos del 100% que los sindicatos consideraron abusivos. Las plantillas denunciaban que la cobertura exigida era superior a la realidad del servicio, porque las empresas adjudicatarias no sustituían a las personas de baja o con permisos. “Se han impuesto unos servicios mínimos muy superiores a la realidad de la plantilla que trabaja en la actualidad ya que no se cubre a las personas que están de incapacidad temporal (IT) o de permisos”, explicaron entonces las organizaciones sindicales a El Salto.

Una situación similar se denunció durante la huelga general feminista de Euskal Herria del 30 de noviembre de 2023. La plataforma Denon Bizitza Erdigunean, que coordinaba la convocatoria, advirtió de servicios mínimos excesivos en bienestar social, sanidad, residencias y centros de día. “A miles de trabajadoras y trabajadores se les ha negado el derecho a la huelga, en muchos casos con servicios mínimos del 100%”, denunciaron. La plataforma señaló especialmente los turnos de noche, en los que ninguna trabajadora había tenido la posibilidad de secundar el paro.

En Galicia, la CIG ha documentado situaciones similares en las residencias privadas de mayores y centros de día. Durante la huelga del sector de abril de 2025, la Xunta estableció unos servicios mínimos del 100%. El secretario de Negociación Colectiva de CIG-Servizos, Adolfo Naya, denunció que la Administración no había convocado al sindicato para negociar hasta la víspera de la huelga y que la orden se había publicado el mismo día de los paros. “La única intervención que tiene es para vulnerar el derecho fundamental de huelga estableciendo unos servicios mínimos del 100%”, criticó.

El caso de las residencias gallegas muestra con especial claridad cómo el establecimiento de estos porcentajes puede acabar impidiendo el ejercicio efectivo del derecho de huelga. Naya detalló que en los centros con plantillas ajustadas a las ratios de atención, la obligación de mantener el 100% del personal provocaba que durante la jornada de huelga hubiese incluso más trabajadoras que en un día ordinario. “Hoy hay más personal trabajando que en una jornada ordinaria porque les obligan a cumplir con las ratios”, denunció. Las trabajadoras que no podían secundar el paro aprovecharon sus descansos para concentrarse a las puertas de los centros.

La sanidad privada de A Coruña es otro de los sectores en los que la CIG ha conseguido llevar a los tribunales la imposición de servicios mínimos. En enero de 2025, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó la demanda del sindicato contra el decreto de la Consellería de Sanidade durante las huelgas convocadas en la negociación del convenio colectivo. La sentencia cuestionó que la Administración delegara en las empresas privadas la regulación de los servicios mínimos, permitiendo que fueran ellas quienes determinaran el personal que debía permanecer trabajando.

La organización sindical también recuerda otros conflictos en los que la Xunta impuso servicios mínimos que posteriormente fueron cuestionados. En julio de 2024, el TSXG anuló los establecidos durante la huelga de limpieza en Lugo por considerarlos desproporcionados y carentes de motivación. En la mayoría de las dependencias afectadas se había fijado la obligación de mantener el 100% de la plantilla y de la jornada laboral. La representante de CIG-Servizos, Asunción Castiñeira, denunció que estas condiciones impedían a las trabajadoras ejercer su derecho a huelga.

Las denuncias sobre la utilización de los servicios mínimos para limitar el alcance de las huelgas también se han repetido en Euskadi. En febrero de 2026, ELA, LAB, STEILAS, Etxalde e HIRU presentaron una propuesta conjunta al Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco para revisar los criterios utilizados durante las convocatorias de huelga. Los sindicatos denunciaron que en los últimos años la aplicación de los servicios mínimos se había ampliado sistemáticamente y que la Administración realizaba una interpretación cada vez más extensa de lo que considera servicios esenciales.

En el ámbito educativo, las organizaciones defendieron que no se establecieran servicios mínimos durante una huelga general de un solo día. En el transporte público, reclamaron que la Administración garantizase la movilidad para acceder a los servicios esenciales, pero no la actividad económica ordinaria. Los sindicatos consideran que la extensión de estos criterios pone en cuestión el derecho de huelga y vulnera el principio de proporcionalidad.

En Andalucía, CCOO también llevó a los tribunales los servicios mínimos impuestos durante la huelga del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) externalizado en centros educativos públicos, convocada en mayo de 2026. El sindicato calificó de abusiva la resolución de la autoridad laboral y anunció un recurso contencioso-administrativo al considerar que limitaba el ejercicio de un derecho fundamental. CCOO recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya había anulado en dos ocasiones anteriores servicios mínimos similares para este colectivo, en las sentencias 433/2025 y 289/2025.

Mientras siguen las reclamaciones sindicales para negociar los servicios mínimos del 11 de noviembre, los antecedentes muestran que los conflictos no se limitan a una administración ni a un sector concreto. Residencias, hospitales, transporte, servicios sociales y centros educativos han protagonizado en los últimos años denuncias por coberturas que las organizaciones consideran desproporcionadas. Algunas de ellas han terminado en los tribunales, con resoluciones que han anulado las órdenes administrativas por falta de motivación o por vulnerar el derecho de huelga.

Este mismo 4 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución de servicios mínimos para el personal de seguridad privada durante la huelga general. La orden establece, entre otros porcentajes, un 90% de cobertura en los servicios de seguridad de transportes públicos y centros de telecomunicaciones, un 85% en protección de personas y un 80% en centrales de alarma y centros de comunicación. La resolución se suma a las decisiones administrativas que deberán examinar las organizaciones sindicales en los días previos al paro.

H.Hayashi--JT