La red secreta de Zapatero
La reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por la Audiencia Nacional española ha destapado una red de influencias que, según la justicia, conectaba negocios estratégicos con el corazón del chavismo venezolano. El ex presidente socialista, que durante años ejerció como mediador entre Caracas y la oposición, se presenta ahora como el supuesto artífice de un entramado que habría aprovechado su acceso a altos cargos españoles y venezolanos para canalizar favores, inversiones y rescates públicos.
De mediador a actor central
Desde 2016 Zapatero se involucró activamente en los diálogos entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, promoviendo el entendimiento en un país marcado por la polarización y la crisis. Su insistencia en la vía de la negociación le granjeó apoyo de organismos internacionales y líderes regionales, pero también críticas de sectores que veían su postura como una legitimación del chavismo. Con el tiempo, su presencia en Caracas se volvió habitual, siendo recibido en reuniones privadas y participando en foros sobre reconciliación. Figuras de la oposición, como María Corina Machado, comenzaron a llamarle informalmente “embajador del chavismo” en Europa.
El perfil de Zapatero dio un giro inesperado en mayo de 2026 cuando el juez José Luis Calama levantó el secreto de un sumario que lo señala como líder de una estructura “estable y jerárquica” de tráfico de influencias. Según el auto judicial, el objetivo de esa estructura era obtener beneficios económicos mediante la intermediación y su capacidad de influencia sobre organismos públicos, fundamentalmente relacionados con la aerolínea hispano‑venezolana Plus Ultra.
El caso Plus Ultra y los fondos opacos
En marzo de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó un rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, una compañía de tamaño modesto con rutas a Venezuela, Perú y Ecuador. La justificación oficial era que la empresa prestaba un servicio estratégico para la comunidad latinoamericana en España, pero la medida provocó polémica porque la aerolínea estaba controlada en parte por inversores venezolanos cercanos al chavismo. La oposición denunció que se trataba de un favor político y exigió la comparecencia del entonces ex presidente.
Las pesquisas judiciales sostienen que la red vinculada a Zapatero habría utilizado sociedades instrumentales, documentos falsos y canales financieros opacos para influir en la concesión y en la gestión del rescate. El juez estima que, a través de la consultora Análisis Relevante y otras empresas vinculadas, la estructura habría cobrado comisiones irregulares cercanas a 1,95 millones de euros. Parte de esos pagos habrían ido a parar a la empresa de marketing de sus hijas, lo que llevó a la UDEF a registrar el despacho de Ferraz y las oficinas familiares. Zapatero afirma que solo asesoraba a la consultora y niega haber recibido remuneraciones de Plus Ultra.
Conexiones con la cúpula venezolana
El sumario señala que la trama no se limitaba al sector aeronáutico. Investigadores franceses y suizos alertaron en 2024 de que altos funcionarios venezolanos desviaron grandes sumas procedentes del programa de alimentación CLAP y de la venta de oro a cuentas europeas. Los instructores españoles indagan si el rescate de Plus Ultra fue utilizado para blanquear parte de esos fondos. Las órdenes judiciales también congelaron cuentas bancarias del ex mandatario por unos 490 000 euros y detallan el uso de empresas pantalla como Caletón Consultores o Summer Wind, así como la creación de una sociedad ‘offshore’ en Emiratos Árabes.
Además de la aerolínea, la investigación apunta a operaciones petroleras. Un informe policial indica que algunas conversaciones entre directivos de Plus Ultra aludían a la posibilidad de “llegar al Gobierno” a través de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y hoy presidenta interina de Venezuela, de José Luis Ábalos —ex ministro de Transporte español ahora encarcelado— o de “alguien con ZP”, en referencia a Zapatero. Una causa paralela, centrada en el acceso a contratos de petróleo venezolano, sugiere que compradores internacionales debían cursar cartas de intención dirigidas al ex mandatario para obtener permisos. La Audiencia Nacional examina si estas relaciones se articularon mediante la misma consultora y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero.
Alianzas y nuevos horizontes
Las sospechas sobre negocios petroleros se suman a acusaciones difundidas por antiguos funcionarios venezolanos que afirman que Maduro recompensó al ex presidente con intereses en minas de oro del Arco Minero del Orinoco. Estas afirmaciones, nunca corroboradas judicialmente, han contribuido a forjar la narrativa de que Zapatero se enriqueció gracias a su cercanía con el chavismo, aprovechando el desmantelamiento de PDVSA y la venta de concesiones mineras a empresas de China y otros países. Algunas versiones aseguran que actuó como intermediario para capital asiático en el sector extractivo, facilitando la elusión de sanciones internacionales.
En paralelo, el propio Zapatero continuó implicándose en la política venezolana. En enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo anunció la liberación de decenas de presos políticos como “gesto unilateral de paz”. Jorge Rodríguez, presidente del parlamento venezolano, agradeció la labor de mediación de Qatar, del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y del ex mandatario español en esas excarcelaciones. Esta acción le permitió presentarse ante la opinión pública como defensor de la reconciliación, mientras en España enfrentaba un severo cerco judicial.
Impacto político y debates en España
El estallido del caso Plus Ultra ha agudizado la crisis del Partido Socialista, ya afectado por investigaciones que salpican al propio Pedro Sánchez y a su entorno familiar. La oposición conservadora ha convertido la trama en un ariete contra el Gobierno, reclamando la dimisión del presidente y denunciando una supuesta connivencia con el chavismo. La investigación judicial detalla la existencia de una “red organizada para el ejercicio ilícito de la influencia” liderada por Zapatero, que habría puesto sus contactos políticos al servicio de empresas privadas, principalmente Plus Ultra, para lograr decisiones administrativas concretas. La congelación de cuentas, los registros y la inminente declaración del ex mandatario han generado un terremoto político sin precedentes.
Para el chavismo, la figura de Zapatero conserva una utilidad simbólica: presenta un rostro dialogante ante la comunidad internacional y un canal de acceso a las instituciones europeas. Para la oposición venezolana y para amplios sectores en España, en cambio, su papel se ha transformado en sinónimo de opacidad y de complicidad con un régimen señalado por violaciones a los derechos humanos. El desenlace de los procesos judiciales en España marcará no solo el futuro personal del ex presidente sino también el de unas relaciones hispano‑venezolanas profundamente entrelazadas por intereses políticos, económicos y humanos.
