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A pocas semanas de arrasar en las elecciones legislativas de octubre de 2025, el Gobierno de Javier Milei se prepara para ejecutar la transformación más profunda de la estructura estatal desde los años noventa. La victoria en las urnas le dio a La Libertad Avanza un control parlamentario que ningún oficialismo había obtenido desde 2001, lo que permitirá tratar en sesiones extraordinarias un paquete de reformas laborales y tributarias que, según el Presidente, inaugurarán una “nueva Argentina” orientada al crecimiento y a la libertad económica.

Triunfo electoral y nueva relación de fuerzas
El 27 de octubre los argentinos renovaron la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La coalición oficialista saltó de 35 diputados a más de 90 y se convirtió en la fuerza mayoritaria en ambas cámaras; este resultado abre la puerta para debatir en diciembre los proyectos de modernización laboral y simplificación impositiva. El jefe de Gabinete, entonces Guillermo Francos, explicó que la nueva composición les da un “margen de maniobra” suficiente para impulsar los cambios estructurales.

Reforma laboral: modernización del empleo
Uno de los ejes centrales del paquete de reformas es la modificación profunda de la legislación laboral. El proyecto parte de la “Ley de promoción de inversiones y empleo” elaborada por la diputada Romina Diez y retoma disposiciones del DNU 70/23. Entre sus puntos más destacados se encuentran la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de doce horas diarias, la posibilidad de fraccionar las vacaciones y la habilitación a las pequeñas y medianas empresas para pagar indemnizaciones en hasta doce cuotas. También plantea flexibilizar los convenios colectivos mediante bancos de horas, restaurar el uso de vales o canastas como parte del salario y ofrecer incentivos fiscales a las PyMES que contraten nuevos empleados.

El programa oficial incluye elementos de flexibilización adicionales. Se prevé un sistema de “salarios dinámicos” que premie el mérito y permita pactar remuneraciones en distintas monedas, bancos de horas y convenios negociados por empresa. Otra novedad es la digitalización de trámites para reducir la burocracia y el reconocimiento de contratos en cualquier moneda, incluido el dólar; el propio Presidente subrayó que quien desee cobrar “el 100 % de su salario en dólares” podrá hacerlo. Según el Gobierno, el objetivo es formalizar a cerca de ocho millones de trabajadores que actualmente se desempeñan en la economía informal, terminar con la denominada “industria del juicio” y garantizar seguridad jurídica para que las empresas contraten.

Este enfoque recuerda a las reformas de los años noventa porque promueve negociaciones salariales por productividad y por empresa, reduce la ultraactividad de los convenios y amplía el período de prueba. Defensores y críticos coinciden en que los cambios podrían dinamizar el mercado laboral, aunque los opositores advierten sobre el riesgo de precarización y pérdida de derechos. Para mitigar resistencias, el proyecto se debatirá en el Consejo de Mayo con gremios y empresarios.

Reforma tributaria: simplificación y competitividad
La segunda gran arista es la reforma tributaria. El Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron que enviarán al Congreso un proyecto para eliminar alrededor de 20 impuestos que consideran distorsivos. Entre las medidas que se discuten figura la creación de un “Súper IVA”: la Nación conservaría un porcentaje fijo del impuesto sobre el valor agregado —alrededor del 9 %— y las provincias podrían fijar su propia alícuota hasta un tope de 21 %, generando competencia impositiva para atraer inversiones.

La propuesta también incluye reducir la alícuota y simplificar el impuesto a las Ganancias, ampliar las deducciones y adoptar un régimen simplificado que elimine la obligación de reportar consumos personales. El Ejecutivo estudia la eliminación del impuesto al cheque cuando se consolide el superávit fiscal. Expertos consultados por analistas destacan que Argentina tiene 155 tributos distintos, pero sólo doce de ellos representan el 94 % de la recaudación; por eso, reducir gravámenes de baja recaudación podría simplificar el sistema sin grandes pérdidas de ingresos.

Caputo ha asegurado que el nuevo esquema tributario devolverá al sector privado hasta 500 mil millones de dólares hacia 2031. No obstante, estudiosos del régimen de IVA advierten que algunas provincias podrían enfrentar dificultades para autofinanciarse y que la eliminación de Ingresos Brutos será clave para viabilizar el Súper IVA.

Reestructuración del Estado y la Ley de Bases
Detrás del paquete legislativo se encuentra la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, promulgada en julio de 2024. Esta norma otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante un año; en ese lapso se dictaron 88 normas, la mitad de ellas en el último trimestre. Más del 50 % de las medidas se orientaron a intervenir, transformar o eliminar organismos públicos, un 19 % fueron desregulaciones, un 11 % supusieron la disolución de fondos fiduciarios y un 9 % consistieron en privatizaciones.

El informe sobre el primer año de aplicación de la ley señala la disolución o desjerarquización de instituciones como la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y varios organismos de ciencia y salud. También se cerraron 16 fondos fiduciarios vinculados a programas de vivienda, desarrollo productivo y federalismo. Otra medida polémica fue declarar “servicios esenciales” a actividades como la salud, la educación y los servicios energéticos, lo que restringe el derecho de huelga.

Como parte de la reestructuración, el 11 de noviembre de 2025 se eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios y se transfirieron sus funciones a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni, mediante el decreto 793/2025. La medida concentró la difusión gubernamental en la figura del nuevo jefe de Gabinete y buscó “optimizar” la gestión pública. Adorni asumió el cargo tras la renuncia de Guillermo Francos y rápidamente inició negociaciones con gobernadores, junto con el ministro del Interior Diego Santilli, para consensuar el presupuesto 2026 y las reformas en materia laboral, tributaria y previsional.

Resultados económicos e inversiones históricas
La motosierra fiscal y la liberalización económica tuvieron efectos inmediatos en los mercados. En el primer día hábil de 2025 el riesgo país cayó a 610 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018. Las acciones argentinas se dispararon hasta 14 % en Wall Street y el índice S&P Merval en dólares subió casi 8 %, rozando los 2.300 puntos. Analistas internacionales destacaron que la inflación y el gasto público descendieron, la deuda se redujo y la confianza en la economía mejoró, lo que motivó el regreso de capitales al país.

El nuevo contexto también disparó los anuncios de inversión. En el último año se comprometieron más de 100 000 millones de dólares en proyectos productivos. Entre ellos destacan un acuerdo entre la empresa estatal YPF y una petrolera italiana para exportar gas natural licuado por 30 000 millones de dólares; 25 000 millones de dólares en obras bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ya aprobados, otros 25 000 millones pendientes y un proyecto para instalar centros de datos por 25 000 millones.

El Gobierno firmó además un acuerdo comercial con los Estados Unidos que prevé la reducción recíproca de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias y el reconocimiento de normas estadounidenses en sectores como automotores y productos médicos. Este tratado, presentado como un hito fundacional, se suma a la inversión de ENI y al compromiso de organismos tecnológicos para posicionar a Argentina como proveedor global de energía y servicios.

Junto con los proyectos energéticos, la administración libertaria impulsa una ley de zonas periglaciares para que las provincias definan sus propios límites glaciares y puedan expandir la minería. El Presidente sostiene que la minería de cobre, oro, litio y tierras raras podría generar un millón de empleos directos. Además, insiste en modernizar el sector ferroviario y expandir la industria nuclear y de inteligencia artificial para desencadenar un “nuevo siglo de oro”.

Desafíos y perspectivas
El comienzo de esta “nueva Argentina” representa el intento más ambicioso de desmantelar el modelo estatal y corporativo heredado del siglo XX. La administración libertaria se apoya en el respaldo electoral y en indicadores financieros favorables para avanzar con reformas que, en conjunto, cambiarían la estructura productiva, laboral y fiscal del país. Sin embargo, el éxito del programa dependerá de su aprobación parlamentaria, de la capacidad de diálogo con los gobernadores y de la reacción de la sociedad.

Existen advertencias sobre los costos sociales de la “motosierra”: organizaciones civiles señalan que la eliminación de organismos y fondos puede limitar servicios esenciales y provocar despidos, y que declarar esenciales áreas como educación y salud restringe derechos laborales. En materia tributaria, expertos advierten que el Súper IVA podría agravar la desigualdad entre provincias.

A pesar de estas tensiones, la gestión de Javier Milei está decidida a avanzar con el mayor cambio estructural desde los noventa. Si logra equilibrar la reducción del Estado con crecimiento económico, atraer inversiones y mantener la gobernabilidad, Argentina podría iniciar la época dorada que el Presidente prometió. Si fracasa, quedará la sensación de otra oportunidad perdida. En las próximas semanas, cuando el Congreso comience a discutir las reformas, se sabrá si el sueño de una nueva Argentina se concreta o se diluye.