Sistema fiscal español: ¿injusto?
En España se está librando un acalorado debate sobre el sistema fiscal, que los críticos califican como uno de los más injustos de Europa. El creciente descontento se alimenta de una combinación de elevada presión fiscal, distribución desigual de la carga tributaria y unas políticas que muchos consideran contraproducentes para el crecimiento económico y la justicia social.
La presión fiscal en España ha alcanzado máximos históricos en los últimos años. En 2024, se prevé que la presión fiscal se sitúe en torno al 39 % del producto interior bruto (PIB), lo que situaría a España cerca de la media europea, que se sitúa en torno al 41 %. Especialmente llamativo es el denominado «gasto fiscal», que mide la presión fiscal en relación con la capacidad económica. En España, este se sitúa entre un 14 % y un 18 % por encima de la media de la UE, lo que significa que los contribuyentes españoles pagan muchos más impuestos en proporción a sus ingresos que sus vecinos europeos. Los más afectados son los trabajadores y las pequeñas empresas, que soportan una elevada carga del impuesto sobre la renta (IRPF) y las cotizaciones sociales.
Una de las principales críticas es la falta de progresividad del sistema fiscal. Si bien el impuesto sobre la renta es, en teoría, progresivo, los hogares más pobres soportan una carga desproporcionadamente alta a través de impuestos indirectos como el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Los estudios muestran que el 20 % de los hogares más pobres pagan casi el mismo tipo impositivo efectivo que el 1 % más rico, lo que agrava la desigualdad. El IVA grava más a los hogares con bajos ingresos, ya que estos destinan una mayor parte de sus ingresos al consumo. Por el contrario, los hogares ricos se benefician de desgravaciones fiscales y de estructuras financieras complejas que reducen su carga fiscal.
Las empresas también son objeto de críticas. El tipo impositivo del impuesto de sociedades en España, del 25 %, es considerablemente superior a la media de la UE, que se sitúa en el 21,3 %. Además, las cotizaciones sociales de las empresas representan una parte importante de la carga fiscal, lo que afecta a la competitividad. Los críticos argumentan que la elevada fiscalidad de las empresas frena la inversión y provoca la fuga de capitales al extranjero. Son especialmente controvertidos los nuevos impuestos a los bancos, las empresas energéticas y los grandes patrimonios, que se introdujeron inicialmente con carácter temporal, pero que ahora se mantendrán de forma permanente. Aunque estas medidas han generado unos ingresos récord de casi 3000 millones de euros en 2023, son criticadas por lastrar la economía y poner en peligro el empleo.
El Gobierno defiende su política fiscal argumentando que es necesaria para sanear las finanzas públicas y financiar programas sociales. De hecho, España ha avanzado en la reducción del déficit presupuestario, que se prevé que se sitúe en el 2,7 % del PIB en 2025. También se prevé que la deuda se reduzca por debajo del 100 % del PIB para 2027. La Comisión Europea ha valorado positivamente el plan fiscal de España para 2025-2028, ya que cumple las nuevas normas fiscales de la UE y fomenta un crecimiento equilibrado. No obstante, sigue sin estar claro si esta política es sostenible a largo plazo. Los críticos advierten de que la elevada presión fiscal podría frenar el crecimiento económico, especialmente en un momento en el que la productividad se estanca y la inversión se debilita.
Otro problema es el elevado desempleo y la economía sumergida, que suponen una carga adicional para el sistema fiscal. Si España alcanzara las tasas de desempleo de la UE, se podrían obtener ingresos adicionales de hasta 14 000 millones de euros. La economía sumergida, que se estima que representa el 20 % del PIB, priva al Estado de recursos adicionales. En lugar de seguir aumentando los tipos impositivos, los expertos reclaman una base impositiva más amplia y una lucha más eficaz contra la evasión fiscal.
La percepción pública del sistema fiscal está marcada por la frustración. Muchos españoles consideran que la política fiscal es una «caza fiscal» que afecta sobre todo a la clase media y a las pequeñas empresas, mientras que las grandes empresas y los súper ricos suelen encontrar lagunas legales. El debate sobre una reforma fiscal que genere más justicia y competitividad está cobrando impulso. Las propuestas van desde una reducción de los impuestos a las empresas hasta un mayor gravamen del patrimonio para reducir la desigualdad de ingresos.
España se encuentra en una encrucijada. Mientras el Gobierno apuesta por la consolidación y la justicia social, los críticos advierten de un sistema que frena el crecimiento y la innovación. La pregunta sigue siendo cómo puede España encontrar un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y el dinamismo económico sin poner en peligro la cohesión social.
