The Japan Times - Acusan a autoridades mexicanas de ocultar información sobre desaparición de 43 estudiantes en 2014

"Lamentablemente no hemos podido (establecer el destino de las víctimas). Esto se debe a la destrucción de evidencia, el obstáculo, el ocultamiento y la construcción de una mentira desde las más altas esferas", dijo a la prensa Francisco Cox, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga el caso.

Su colega Claudia Paz aseguró que miembros del Ejército seguían los movimientos de los normalistas de Ayotzinapa dos días antes de su desaparición, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Iguala (estado de Guerrero, sur), previo a unas manifestaciones estudiantiles.

"Las autoridades en aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo", detalló.

Por ello, añadió, la misma noche del 26 las autoridades locales y federales sabían "qué estaba ocurriendo en el momento de la detención y posterior desaparición de los estudiantes", aunque esos datos no fueron entregados para las indagatorias.

"Esta información hubiera sido importantísima para poder esclarecer el caso, pero no fue entregada a las autoridades sino hasta ahora", subrayó.

El GIEI fue creado en noviembre de 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano para esclarecer la desaparición de los 43 jóvenes, presuntamente a manos de policías coludidos con narcotraficantes.

- Obstrucción -

Ángela Buitrago, también integrante del GIEI, mencionó a su vez la alteración de un basurero donde fueron encontrados restos humanos, entre los cuales han sido identificados los de tres alumnos.

"Se modificó la escena", afirmó Buitrago, señalando que antes de las diligencias judiciales el lugar fue intervenido "por actores que no tenían ni competencia ni el rango" de investigadores.

La comisión también acusó a instituciones mexicanas -a las cuales no identificó- de resistirse a entregar información necesaria para avanzar en las pesquisas, incluidos datos de inteligencia.

A su juicio, hay "simulación" por parte de algunas autoridades para hacer creer que cumplen la orden del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de facilitar las averiguaciones.

"Hubo personas que generaron una simulación a la orden de entregar los documentos. Hoy todavía hay instituciones que no entregan" ese material, aseveró Buitrago al presentar el tercer informe de trabajo del GIEI.

El de Ayotzinapa es uno de los peores casos de violación de derechos humanos en México -donde se registran 96.000 desaparecidos-, y en su momento generó una amplia condena internacional.

- Testigos asesinados -

Además del ocultamiento de información, Cox subrayó que las acciones de los propios criminales también impiden "saber el destino final" de los estudiantes.

Al menos "22 personas relacionadas que pudieron haber tenido información han muerto, solo dos por muerte natural. Llama la atención la de un hombre con 21 disparos en un operativo policial", apuntó el comisionado.

Jhosivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio son los únicos alumnos identificados hasta ahora por el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck (Austria).

El día de los hechos, decenas de estudiantes se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones.

Según la llamada "verdad histórica" que planteó el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del Cártel Guerreros Unidos al ser confundidos con integrantes de una banda enemiga.

Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con esa tesis, rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Y.Hara--JT