The Japan Times - Crece presión política en Perú con marchas extendidas a Lima

Este viernes Perú vive su décimo día consecutivo de manifestaciones, y amaneció con Arequipa, segunda ciudad del país y cuna de revoluciones, prácticamente bloqueada al no tener comunicación terrestre con las vecinas regiones andinas de Cusco y Puno.

Las violentas protestas iniciadas hace un mes dejan hasta el momento 42 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la institución.

La jornada registró también nuevas marchas en Tacna, a 1.224 km al sureste de Lima, fronteriza con Chile, país vecino que tuvo que cerrar temporalmente su paso el jueves "debido a las manifestaciones en las cercanías del complejo fronterizo peruano de Santa Rosa", informaron las autoridades chilenas.

Gobernadores regionales y varios colegios profesionales del Perú se sumaron al pedido de que la presidenta Boluarte renuncie.

"¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda o derecha. Ningún cargo puede estar encima de la vida humana", dijo a la prensa el gobernador de Puno, Richard Hancco.

En el mismo sentido se pronunciaron autoridades de las regiones andinas de Apurímac y Cusco y 12 colegios departamentales de abogados y el Colegio Nacional de Profesores.

La parlamentaria opositora Susel Paredes afirmó en una entrevista de radio que la renuncia de Boluarte "se está madurando" y aseguró que la dimisión el jueves el ministro de Trabajo, Eduardo García, "es el principio del fin".

El bloqueo de varias carreteras por manifestantes, en especial en el sur del país, también se han extendido a zonas de la selva. En la región amazónica Madre de Dios, frontera con Brasil y Bolivia, hubo movilizaciones y una turba lanzó piedras causando algunos destrozos a la casa de un congresista el jueves por la noche.

- Demandas políticas -

"Cierre del Congreso Ya. Nueva Constitución", "Dina, asesina, renuncia enemiga", son consignas en las pancartas que se alzan en marchas y bloqueos en varias regiones del sur del país, históricamente marginado, y que el jueves se hicieron sentir en el centro de Lima, donde se registraron algunos incidentes con las fuerzas del orden.

Las demandas incluyen el pedido de elecciones inmediatas este año, en lugar de abril 2024, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reclaman desde 2021 los partidos de izquierda y organizaciones campesinas.

A ello se suman los reclamos de la población y familiares de víctimas de justicia y sanción para los responsables de las más de 40 muertes registradas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, desde hace un mes.

Además de 42 muertos, hay 531 heridos -355 civiles y 176 agentes de la policía- y 329 detenidos, según la fiscalía que esta semana pidió una investigación por "genocidio" contra Boluarte y miembros de su gabinete.

- Cusco, el turismo paralizado -

En una crisis intensa, sin luces de resolverse por ahora, en el Cusco, meca del turismo, las autoridades tuvieron que cerrar el aeropuerto por seguridad ante una escalada de protestas violentas desde inicios de esta semana, que provocó además la suspensión de las operaciones del tren a Machu Picchu, atracción turística internacional.

El saldo trágico de 42 muertos provocó un llamado de Estados Unidos a la "moderación" a todas las partes, mientras una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Perú evaluando la crisis.

El izquierdista Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

Hasta ahora las regiones del norte de Perú, donde están asentadas gran parte de las industrias que son pilares de la economía peruana, minería y agroexportación, se mantienen sin manifestaciones.

- ¿Hay salida? -

Después de una tregua a finales de diciembre, las protestas se reanudaron la semana pasada, con un giro en las demandas en las calles que en diciembre pedían la liberación de Castillo. Mantienen además el reclamo de instalación de una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, ahora hay un contundente llamado al cierre del Congreso, institución a la que se culpan de haber hecho oídos sordos al pedido popular de elecciones anticipadas, que resolvieron fijar para abril 2024 y descartaron la fecha de diciembre 2023 que apoyaba también Boluarte.

El gobierno culpa de la situación a "azuzadores profesionales financiados por dinero ilegal". El primer ministro, Alberto Otárola, ha descartado tajantemente la posibilidad de que Boluarte renuncie.

K.Okada--JT