El gobierno español ataca la crisis de la vivienda en pleno año electoral / Foto: Thomas Coex - AFP
El gobierno español ataca la crisis de la vivienda en pleno año electoral
Los diputados españoles aprobaron este jueves una ley de vivienda destinada a limitar los precios de los alquileres y tratar de resolver una crisis endémica de vivienda, una iniciativa del gobierno de izquierdas en pleno año electoral.
El texto, presentado por el ejecutivo como "la primera ley de vivienda" en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975, recibió 175 votos a favor, 167 en contra y una abstención, por lo que ahora pasará al Senado para su ratificación definitiva.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez busca que la ley entre en vigor antes de las elecciones locales y regionales del 28 de mayo, antesala de las legislativas de finales de año y a las que la derecha marcha como favorita en la mayoría de encuestas.
El gobierno usa la vivienda como tema de campaña ya que "lo devuelve al (...) eje derecha-izquierda, un eje en el que tiene más que ganar que perder, después de unas semanas ruinosas en términos de control de la agenda", sobre todo por la polémica creada en torno a una ley de delitos sexuales, estimó el analista político Pablo Simón en un encuentro con corresponsales.
Con esta legislación "estamos poniendo los cimientos para una nueva política de vivienda que dé respuesta al auténtico problema que sufren los ciudadanos, que es el origen del 70% de la desigualdad que sufren en particular nuestros jóvenes", dijo Sánchez a periodistas tras el voto.
La legislación, parte de las reformas que el país prometió a Bruselas a cambio de fondos del megaplán europeo de recuperación económica poscovid, debe asistir a las personas que no pueden permitirse una vivienda, al limitar la especulación inmobiliaria e impulsando la oferta en las zonas llamadas "tensionadas" (con mayor demanda).
- Tope en zonas tensionadas -
La escalada de los precios de los alquileres es un tema muy sensible en un país que padeció con dureza la explosión de la burbuja inmobiliaria ligada a la crisis financiera de 2008, cuando muchas familias tuvieron que vender o abandonar sus viviendas al no poder hacer frente a las hipotecas.
En este contexto, el texto prevé desacoplar los aumentos de los alquileres del índice de precios al consumo, y ponerle un tope del 3% en 2024, antes de fijar un nuevo índice para 2025.
Asimismo, otorga a las autoridades regionales el poder de designar zonas como "tensionadas", donde las personas se ven obligadas a irse por los altos precios, para regular los alquileres.
Además, la ley penaliza a los propietarios que dejen varias viviendas vacías, amplía la congelación de desalojos para inquilinos vulnerables y obliga a informar a las personas amenazadas de desalojo de la fecha y hora exactas en las que deben abandonar el inmueble.
La patronal turística Exceltur ha advertido, sin embargo, que el tope de los alquileres podría volverse en contra de los inquilinos, al empujar a los propietarios a alquilar por periodos cortos, en plataformas turísticas como Airbnb, para evadir las restricciones.
"Puede acabar de agravar aún más el problema", advirtió Exceltur en un comunicado.
- "No es suficiente" -
"La única salida que tenemos a la crisis de vivienda, es una inversión pública muy fuerte de vivienda social", estimó el sociólogo Jesús Leal al diario El País, asegurando que el texto debería incidir en "viviendas cuyo alquiler sea independiente del mercado".
Pedro Sánchez, quien dijo esta semana que el gobierno ha fijado la "política de vivienda" entre "sus principales prioridades", ha admitido que la ley "no es suficiente" para resolver la crisis.
"De ahí que debamos aumentar la oferta de vivienda pública, avanzar de ese sonrojante 3% de vivienda pública del total del parque de vivienda, a ese 20% de los países más avanzados", afirmó.
En los días previos al voto de este jueves, Sánchez hizo una serie de anuncios para ofrecer en total 113.000 nuevas viviendas sociales, principalmente mediante propiedades en manos del Sareb, un banco público a cargo de revender los activos inmobiliarios "tóxicos" tras la crisis financiera.
Los anuncios de Sánchez fueron criticados por el Partido Popular (PP, derecha), principal formación de oposición, que considera que no resolverán el problema a largo plazo.
En cambio la ley, a su juicio, será "una oportunidad fantástica para los okupas", ya que "dificulta y ralentiza" el desalojo de viviendas ocupadas, según denunció su portavoz, Borja Sémper.
K.Okada--JT
